Ha habido en estos últimos años
gastos innecesarios, derroche de recursos, y nulos
resultados entre el Ayuntamiento y la Comunidad
para ser eficaces. Las políticas deben tener como
prioridad el desarrollo humano de las personas, y
este debe ser el centro de toda actuación. Pero la
presión del sistema financiero y los que se han
hecho sus representantes, la señora Merkel y el
señor Sarkozy, están consiguiendo que los
gobiernos tomen las medidas contrarias a esta
prioridad, a la prioridad de las personas, y echando
la culpa a la crisis se están poniendo en entredicho
las conquistas sociales que tanto trabajo ha costado
conseguir sin asumir además ningún tipo de
responsabilidad.
Miren, señoras y señores concejales, los datos
proporcionados por el propio Ayuntamiento de
Madrid cifra en 104.452 el número de solicitudes
remitidas a la Comunidad de Madrid. El número de
solicitudes de la Comunidad de Madrid asciende a
142.829, de los cuales 137.335 han sido
dictaminadas, y hay 92.664 personas beneficiarias
con derecho a prestación. Una gran diferencia entre
dictámenes y beneficiarios.
En España, el 1,6% de la población ya está
recibiendo las prestaciones de la Ley de
Dependencia. Ese porcentaje en Madrid se reduce
al 1,2% de su población.
Es decir, en Madrid un 0,4% más de su
población debería estar recibiendo estas
prestaciones para equipararse al resto de España.
En cifras concretas: 25.319 personas en la
Comunidad de Madrid se tendrían que incorporar
como beneficiarios al sistema de dependencia para
alcanzar la media estatal.
El no haber considerado en el desarrollo de la
ley a los municipios, hace que no haya datos
segregados en los ayuntamientos de esta
comunidad. Pero utilizando como referencia el
porcentaje de mayores de 65 años, la cifra que
correspondería al municipio de Madrid sería de dos
tercios aproximadamente, es decir, de las 25.319
en espera, 16.000 personas son de la ciudad de
Madrid. Por otra parte, 15.936 ciudadanos de
Madrid tienen reconocido un grado y nivel que les
da el derecho a recibir las prestaciones y servicios
de este sistema, pero aún no se les ha aprobado el
PIA, que les permite recibir de manera efectiva los
servicios y las prestaciones.
En resumen, en Madrid se dan las siguientes
circunstancias: menor número de solicitudes y
tramitaciones, un porcentaje menor de
beneficiarios, una importante cifra de madrileños en
espera de las prestaciones por no tener propuesto
su PIA, y una deuda a las empresas de servicios
que pone en peligro la atención a los dependientes.
Estamos a tiempo de arreglarlo, busquemos
soluciones de gestión adaptadas a la función de
cada nivel de la Administración. Los servicios de
proximidad, como la ayuda a domicilio y los centros
de día, corresponden al Ayuntamiento, por lo tanto
tengamos en cuenta esta situación.
Hace cinco años que se aprobó en el Parlamento español
la Ley de Promoción de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia. Todos y todas veíamos
en esta ley el justo reconocimiento de quien en las
circunstancias de la vida como es el no valerse por
si mismo, merecía ya el compromiso histórico de la
política; pero no solo eso, veíamos también la
oportunidad de una fuente de empleo y trabajos en
servicios a los cuidados de las personas. Había
llegado el momento para que las comunidades
autónomas pudieran tener un derecho subjetivo
financiado para el desarrollo de una parte
importante de los servicios sociales, pero la forma
en que se está gestionando la situación
sobrevenida de la crisis se unió a los intereses de
ahorro y a la oportunidad de cambio de rumbo que
algunos están pretendiendo.
En la Comunidad de Madrid, lejos de
desarrollar la ley respetando los marcos normativos,
la Ley de Servicios Sociales y el Plan concertado,
se genera una duplicidad, confusión de
competencias, y una lentitud en la gestión que ha
venido ahogando el desarrollo de los procesos y la
liaron, y ahora quieren seguir liándola con el tema
de las duplicidades todavía más. Anuncian que no
les valen ya estas leyes, y pretenden cambiarlas
para hacer posible y para deshacer lo andado y
para hacer posible sus propuestas. La
Administración no hace caso de las opiniones de
los colegios profesionales ni de los observatorios de
dependencia que advierten de la necesidad de
tener una visión estratégica y reorientar ya el
sistema público de servicios sociales, ni tampoco
escuchan cuando vienen planteando la necesidad
de mayor descentralización de los servicios a la
